Agresión sexual: cómo la carga de la prueba en un proceso penal puede afectar a una demanda civil
Por: Amina A. Thomas, Abogada
El lunes por la mañana, el New York Times publicaba en portada un reportaje sobre Cómo se archivan los casos de violación. El artículo examina por qué, a pesar de la mayor concienciación social y cultural de los últimos años en torno a las agresiones sexuales, los fiscales siguen negándose a incoar procesos penales por agresión sexual y abandonan con frecuencia los casos después de presentar cargos. Según el informe:
“El movimiento ‘Yo también’ llevó a una mayor concienciación sobre la prevalencia de las agresiones sexuales, a un aumento de las denuncias a la policía y a una nueva esperanza de que las personas acusadas rindieran cuentas con mayor frecuencia. Pero en la ciudad de Nueva York, las estadísticas y los relatos de las mujeres que dicen haber sido agredidas sugieren que poco ha cambiado en la forma en que el sistema de justicia penal se enfrenta a las acusaciones de violación.”
Como se menciona en el informe, una de las principales razones por las que los fiscales rechazan con tanta frecuencia los casos de violación y agresión sexual es la elevada carga de la prueba que deben cumplir los fiscales, junto con el hecho de que los casos de agresión sexual suelen presentar problemas inherentes a la credibilidad de los testigos. Por lo general, no hay testigos de estos delitos y, como señala el informe, en los casos en que “el agresor no es un desconocido y hay alcohol de por medio”, puede resultar extremadamente difícil convencer a un jurado de la culpabilidad del acusado.
Sin embargo, la carga de la prueba en un litigio civil es menor que en un proceso penal. En lugar de probar su caso “más allá de toda duda razonable”, un demandante superviviente de violación o agresión sexual sólo puede convencer a un jurado por una “preponderancia de las pruebas”. En otras palabras, el demandante sólo debe poder demostrar que, con mayor probabilidad que no, se produjo la agresión.
Aunque este menor nivel de exigencia probatoria es, a primera vista, útil para los supervivientes-demandantes, las secuelas de un proceso penal suelen tener un fuerte efecto en el resultado de una demanda civil. Casi todas las pruebas presentadas en un proceso penal contra un delincuente serán pertinentes en una acción civil contra ese mismo delincuente. Cuando un fiscal consigue una declaración de culpabilidad o una condena contra un agresor, el caso civil del superviviente es inherentemente mucho más fuerte.
Por otra parte, si se desestima una causa penal o un jurado declara inocente a un agresor, el superviviente que desee entablar una demanda civil contra su agresor tendrá que librar una batalla extremadamente onerosa para combatir las pruebas negativamente sesgadas del proceso penal. Además, un resultado negativo en un caso penal es emocionalmente agotador para un superviviente y, a su vez, puede hacer que los supervivientes duden en seguir adelante con una acción civil.
Por lo general, los clientes de CohenMalad, LLP que son sobrevivientes de agresión sexual también participan en un proceso penal contra sus agresores. En la desafortunada circunstancia de que un fiscal crea que es incapaz de probar un cargo de violación o agresión sexual, la decisión de presentar un cargo diferente o menor, como “agresión”, suele ser más útil para un caso civil posterior que un fiscal que no presenta ningún caso o que presenta un cargo por el que es poco probable que un jurado condene.
Los fiscales deben seguir animando a las supervivientes de agresiones sexuales a denunciar a sus agresores. Una forma de animar a los supervivientes es explorar vías alternativas que permitan a los fiscales llevar estos casos hasta el final. A fin de cuentas, la declaración de culpabilidad por un cargo menor, como el de lesiones, no deja de ser un reconocimiento por parte del autor y de la sociedad de que el acto del que se le acusa se produjo de hecho. El resultado será al menos un cierto nivel de responsabilidad para el agresor y creará más pruebas positivas para que un superviviente pueda construir un caso civil contra su agresor. Y lo que es más importante, una condena o una declaración de culpabilidad -incluso por un delito menos grave- puede suponer para el superviviente el reconocimiento de que su valentía para denunciar no fue en vano.
